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domingo, 17 de agosto de 2008

La verdadera trama de la ley despenalización del consumo de drogas que promueve el oficialismo: "Es atroz e irresponsable"

Do portal URGENTE 24

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El especialista en abuso de drogas, José María Rshaid, alerta sobre la peligrosidad para la sociedad del proyecto oficialista de despenalización del consumo de drogas ilícitas que promueve el ministro de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos, Aníbal Fernández. Aparecen nombres de especialistas cuestionados ligados al proyecto y el peligroso argumento de la libertad individual.

| 14/08/2008 | 14:40

CIUDAD DE BUENOS AIRES (Urgente24) Mucho se ha dicho acerca de la compleja despenalización del consumo de drogas ilícitas, pero la clave para entender el conflicto radica en la postura de los especialistas que trabajan con los consumidores de paco a diario. Su veredicto es coincidente y rotundo: de ser sancionada la ley, lo único que haría es condenar al adicto al abandono y a una sociedad violenta e insegura.

Urgente24 dialogó con el licenciado José María Rshaid, psicólogo especialista en abuso de drogas y director de Casa del Sur, una ONG que en sus 14 sedes en el país asiste a 500 drogadependientes por año.

Explicó la despenalización del consumo de drogas como el virtual abandono de personas vulnerables: "Si se llega a despenalizar la droga, van a haber menos redes sociales porque la elección de la persona de drogarse o no drogarse va a pasar a ser una cuestión absolutamente individual. Esa ley es una trampa muy peligrosa, es dejar que se suiciden. El Estado no puede permitir que estos chicos elijan libremente. Hay funcionarios que buscan usar la plata para otros asuntos y no para atender a estos chicos".

Sucede que desde el año 1996 existe una ley que obliga las obras sociales y al Estado a hacerse cargo del valor de la internación de los consumidores. De aprobarse esta iniciativa, el Estado dejaría de verse obligado a pagar por el tratamiento de los adictos. Esto, ahorraría mucho dinero a las arcas estatales y sería el exterminio lento de la clase marginal que consume paco.

En este sentido, la relación entre la Justicia y los adictos es clave. Al respecto el especialista explicó: "A los días de ingresar en los programas de rehabilitación, los chicos y sus madres agradecen que hubieran sido obligados por un juez a hacerlo. Entender como una opción un tratamiento denota, en el mejor de los casos, un total desconocimiento del tema. Y en el peor, una actitud criminal", explicó Rshaid. Afirmó que su experiencia de 30 años en la materia le ha demostrado que el 80% de los pacientes tratados logra reinsertarse con éxito en la sociedad.

"Es irresponsable, mentiroso y hasta criminal sostener que la drogadependencia se desvincula del delito o que las cárceles están llenas de consumidores -agregó-. Son justamente los jueces, de acuerdo con el Código Penal, quienes sustituyen la prisión por medidas curativas y educativas." Y mencionó el crecimiento exponencial del paco como una epidemia que afecta a los sectores marginales, acentuada a partir de la crisis de 2001.

De hecho hoy el diario la Mañana de Córdoba difundió un estudio realizado por el Juzgado de Menores de la ciudad cordobesa de Río Cuarto que indica que la incidencia cada vez mayor de las drogas y el alcohol en los menores está íntimamente relacionada con la delincuencia.

Según los resultados, 9 de cada 10 chicos delincuentes actúan bajo los efectos de algún estupefaciente.

Además, se confirmó que la edad de comienzo de la adicción descendió de manera alarmante: se han registrado casos en esa ciudad, en los últimos meses, en los que los ladrones fueron niños de diez años bajo efectos de drogas y/o alcohol.

La cantidad de delitos que implican a menores adictos creció, en los últimos cinco años, un 35%, aseguraron las autoridades encargadas del estudio.

"Alcoholismo y consumo de drogas en menores es una situación que vemos a diario en el Juzgado, es muy grave el aumento del número de menores inmersos en el consumo de algún tipo de estupefacientes y el alcohol", declaró el secretario del Juzgado del Menor y la Familia de Río Cuarto, Guillermo Airola.

Entonces ¿a quién beneficia esta ley que promueve con énfasis el ministro de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos, Aníbal Fernández, teniendo en cuenta que perjudica al adicto?

Rshaid respondió: "Vaya a saber uno a quién beneficia específicamente. Lo que uno si puede intuir es cierta estrategia del Gobierno de captar cierto universo de adolescentes jóvenes con una ley que hipotéticamente respeta las libertades individuales".

Pero...¿Quiénes son los autores de la iniciativa que promueve con ahínco Fernández?

Tal como pudo investigar Urgente24, la diputada kirchnerista Diana Conti, es autora y promueve un proyecto de ley de despenalización de la tenencia de drogas para consumo personal desde el año 2003, cuando aún formaba las filas del FREPASO.

Vinculada al proyecto también surge un nombre de la licenciada Eva Giberti que resonó en los medios vinculada al psicólogo detenido acusado de pedofilia, Jorge Corsi.

Ella dijo de Corsi: "Es un académico distinguido y era un invitado obligatorio para ese debate, que duró seis meses. Vino tres veces, pero ad-honorem. No es nuestro asesor". Giberti mantuvo conversaciones profesionales con Corsi. El estallido del caso causó alguna preocupación en oficinas gubernamentales que abordan el tema de la violencia familiar, aseguraron fuentes consultadas. "De comprobarse que esto sea cierto, nos haría un daño infinito. Muchos psicólogos amigos tienen miedo de quedar desacomodados ante la mirada social", señaló Giberti a Clarín.

Giberti es psicóloga, psicoanalista, asistente social, profesora universitaria argentina. Se licenció en la Universidad de Buenos Aires.

Giberti juntos a otros dos profesionales, realizó la Encuesta Nacional sobre Prevalencias de Consumo de Sustancias Psicoactivas 2008, realizada por el INDEC que se trataba del paso previo a la presentación del proyecto de ley del oficialismo para la despenalización, según publicaba el diario Infobae el 20 de julio de 2008.

Dentro del ámbito académico se considera a Giberti una teórica reconocida, pero no una profesional de campo, más de trinchera que conozca de cerca la problemática.

El polémico proyecto de Fernández tampoco cuenta con el apoyo de la Secretaría de Lucha contra el Narcotráfico (Sedronar).

Su titular, José Ramón Granero, salió días a trás a tomar distancia del proyecto oficial al advertir que es "un garantismo para defender a narcotraficantes".

"Hay iluminados que tienen un exceso de garantismo", criticó Granero, y aseguró que hay "diputados, jueces, miembros de consejos científicos y hasta organizaciones no gubermentales que medran con esto".

De esta manera, el titular de la Sedronar se diferenció notoriamente de la opinión de varios miembros del Ejecutivo Nacional sobre el proyecto que despenaliza la tenencia para el consumo, entre ellos, Aníbal Fernández.

En declaraciones radiales formuladas, Granero aseguró que en los principales países del mundo donde se despenalizó el consumo de drogas ahora se está revisando esa medida por los efectos contraproducentes.

Además, el funcionario remarcó que desde el Ministerio de Justicia, de donde fue impulsado el proyecto, no se le consultó al Sedronar porque "hay una tendencia a sacar un proyecto de despenalización como sea".

"Voy a intentar que a la Presidente no le lleguen los cantos de sirenas. La decisión sobre el proyecto de despenalización la va a tomar ella", dijo, aunque se mostró a favor de que a Cristina Kirchner "le lleguen opiniones más certeras".

"No hay que dar saltos al vacío, cuando se habla a la gente, hay que contar toda la verdad, porque contando la mitad de la verdad es una forma muy sutil de mentirle a la gente", concluyó Granero.

Por último, deslizó la idea de que en las próximas elecciones se llame a una "consulta vinculante o no vinculante, para ver lo que opina la gente de la despenalización del consumo".


Situación social del adicto y diferencia de género

-Casa del Sur atiende principalmente a personas de sectores marginales.

-En la actualidad brinda apoyo a 400 pacientes.

-Posee 14 sedes "cerradas". Esto significa que los edificios están preparados para evitar la salida de los pacientes. Tienen una sede mixta, una de mujeres y otras 12 de hombres.

-Trabaja bajo la modalidad terapéutica: la comunidad se presenta como el lugar preciso para el tratamiento de las tóxicodependencias, recuperando el sentido comunitario de convivencia que le permite al paciente una efectiva reinserción en el plano social.

-La comunidad cuenta con diferentes áreas: tratamiento de adicciones, Departamento de salud mental comunitaria , Escuela de formación de disciplinas relacionadas con la comunidad terapéutica, el Centro cultural y Ediciones Sur .

-El 70 % de los internados son pacientes judiciales.

-El 80 % de los pacientes son menores de edad.

-El 15 % son mujeres.

-Las mujeres adictas son más violentas que los hombres. Sus pronósticos de salud son también más severos.

- El porcentaje de adictas es menor en comparación con el de hombres, pero el grado de uso de drogas es mucho más grave.

-La droga afecta según la clase social. En los sectores marginales los drogadependientes no poseen trabajo ni familia por lo que se vuelcan con mayor facilidad al consumo. Para que haya un adicto tiene que haber ciertos patrones individuales, familiares y sociales.

-La edad de los internados es cada vez menor: se redujo de 15 a 12 años.

-La droga más consumida es la pasta base de cocaína o paco. Este tipo de adicción es una de la más difícil de revertir.

*Información proporcionada por la Casa del Sur.

Comentário do Cavaleiro do Templo: (lembrando Olavo de Carvalho) mas é claro que se você criar uma entidade como o FORO DE SÃO PAULO onde presidentes de países fazem reuniões para traçar estratégias comuns com associados como os narcotraficantes terroristas das FARC você jamais vai ver qualquer política de combate às drogas implantada nos países membros, muito pelo contrário. Acham mesmo que as FARC vão se meter nesta para que os países mundo afora digam NÃO ÀS DROGAS para a população? É exatamente o contrário como se vê na prática pelo artigo acima e no Brasil, onde os movimentos oficiais contra as drogas visam acabar apenas com as quadrilhas não associadas às FARC.

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